Notas de interes

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispone de un sistema de denuncia digital que permite a los consumidores reclamar al proveedor de un bien o servicio que no cumple con sus obligaciones. Este sistema prevé una audiencia de conciliación que se realiza dentro de los 10 días de recibida la denuncia. Además, le permite al consumidor reclamar y obtener la reparación económica de los daños que le causaron. Si el proveedor no concilia, el Gobierno de la Ciudad investigará su conducta y puede aplicarle severas sanciones por sus incumplimientos. También se puede usar este sistema para realizar denuncias contra Administradores de Consorcios

En el año 2015 ADACU inició una demanda colectiva contra Chubb Seguros porque no entrega los certificados de incorporación y los certificados individuales de cobertura a los trabajadores asegurados con ella por seguros de vida colectivo. Este incumplimiento causa graves perjuicios a los beneficiarios y asegurados de estos seguros, porque les impiden conocer el alcance de su seguro y hasta su misma existencia. Por ello los familiares del trabajador fallecido o los trabajadores invalidados se ven privados de su indemnización o de una parte importante de ella por la que han pagado sus primas durante muchos años.

Los planes de capitalización y ahorro - regidos por el Decreto 142.277/1943- tienen la finalidad de adquirir un bien determinado –por ejemplo un 0 km- mediante el ahorro mensual de una suma fija de dinero a lo largo de extensos plazos que llegan a 300 meses, durante los cuales se van capitalizando los ahorros mensuales. Al término de ese plazo el usuario del plan obtendrá el bien largamente deseado, salvo que, en el sorteo mensual sea adjudicado, en cuyo caso … ¡¡¡NO PAGA MAS!!!. Pero este final feliz no siempre sucede, o mejor dicho, lo más probable que no suceda.

La LDC es aplicable al vinculo entre la parte trabajadora y la ART, existiendo una autentica relación de consumo. Sentado ello, ante el incumplimiento de los deberes legales y contractuales de la ART corresponde la aplicación de la multa civil prevista en el art. 52 de ls LDC, en el entendimiento de que la ART ha demostrado haber incurrido en una conducta grave consistente en la omisión de determinación de la incapacidad y pago de la prestación dineraria correspondiente en término y además se ha beneficiado económicamente con su conducta incumplidora.

En un fallo de enorme trascendencia, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, declaró la inconstitucionalidad del artículo 7 de Ley de convertibilidad y dispuso la actualización monetaria de la indemnización. Este fallo permitirá poner fin a las injustificadas dilaciones de las aseguradoras en pagar las indemnizaciones para beneficiarse con la depreciación de los créditos de los asegurados.

La justicia ordenó retrotraer el precio de las cuotas de 21 prepagas a valores de diciembre de 2023, actualizarlas por índice de precios al consumidor y devolver las diferencia.

El 30 de abril de 2024 la Justicia en lo Comercial de la Capital Federal resolvió rechazar el acuse de caducidad de instancia planteado por la parte demandada con fundamento en el artículo 52 de la LDC que establece que, en los procesos colectivos iniciados por asociaciones de consumidores, no procede la caducidad de instancia.

Registro Nacional de Contratos de Seguros de Personas Humana (RENASEG), fue creado por Resolución SSN 389/2023. Este Registro permitía a los beneficiaros de los seguros de personas conocer la existencia de un seguro a su favor y reclamar el pago a la aseguradora. A pesar de su enorme importancia, la Superintendencia de Seguros lo eliminó mediante la resolución 194/2023.

La Superintendencia de Seguros dictó la Resolución 217/2024 el 24-4-2024. En ella establece que las Compañías de Seguros no darán servicios de auxilio mecánico y remolque cuando el auto se detenga por fallas mecánica. ¿Qué debe hacer el asegurado en estos casos ?

Damos a conocer la síntesis de las actividades realizadas por ADACU en el año 2023 y un detalle de su financiamiento.

La suma asegurada en los seguros de vida colectivo de trabajadores es un múltiplo del sueldo del asegurado (generalmente entre 20 y 30 sueldos). Muchas aseguradoras demoran el pago y luego de meses o años (si judicializan el reclamo), quieren pagar el múltiplo del sueldo a valores de la época del siniestro (muerte o invalidez del trabajador). El fundado fallo que transcribimos en esta nota dispone considerar el sueldo del mes en que se realiza el pago y no el del mes del siniestro.

Las prácticas arteras de las aseguradoras para no pagar a viudas, huérfanos e inválidos, fue denunciada por ADACU a la Superintendencia de Seguros de la Nación desde el año 2015 al 2021. Sin embargo, la Superintendencia jamás actuó, cómo la ley la obliga, a investigar los hechos denunciados y sancionar a las aseguradoras que incurren en ellos. Por eso el 19 de marzo de 2024 ADACU ha dirigido una carta documento al Sr. Presidente de la Nación, con la siguiente referencia: “la Superintendencia de seguros está “pintada” mientras las aseguradoras de vida le sacan el pan a viudas y huérfanos”. Encontrará en esta nota el texto completo de la carta documento enviada al Excmo. Presidente de la Nación.

La Cámara Provincial de Apelaciones de San Martín de los Andes, dictó un fundado fallo en el que resolvió que el límite máximo de la suma asegurada no es oponible al asegurado cuando el asegurador incumplió sus obligaciones. También encuadró la indemnización por los daños sufridos en el automotor, como una obligación de valor, ordenando el pago del valor de reposición del vehículo a la fecha de la sentencia. También condenó a Orbis a pagar por la privación de uso del rodado y, aunque rechazó el daño moral, hizo lugar al daño punitivo.

La Ley de Defensa del Consumidor establece que en caso de abandono de una acción colectiva promovida por una asociación de defensa de los consumidores, la titularidad activa debe ser asumida por el Ministerio Público Fiscal. De este modo, se entiende que en el marco de una acción colectiva de consumo, no se podría aplicar el instituto de la caducidad de instancia.

La ley de defensa del consumidor establece que las asociaciones de consumidores pueden iniciar acciones colectivas cuando se encuentran afectados derechos de incidencia colectiva. La ley citada, establece como único requisito de idoneidad, que tales asociaciones se encuentren inscriptas en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores y lo mantengan durante todo el proceso.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el conocido Fallo Halabi, estableció los lineamientos de las acciones colectivas y advirtió que su regulación integral constituye una mora del legislador que debe ser solucionada. Miembros de ADACU, nos propusimos elaborar un proyecto de ley, reconociendo antecedentes nacionales e internacionales y nuestra propia experiencia en la materia

Los seguros de vida colectivos fueron creados para proteger al trabajador y su familia en caso de muerte o invalidez. Sin embargo, las arteras maniobras de las aseguradoras impiden, en muchos casos, que los beneficiarios lleguen a cobrar el seguro y en otros, que cobren mucho menos. Es necesario conocer estas prácticas para no ser engañados.

El 31/10/2023, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata ordenó pagar a la demandada La Nueva Seguros, la suma de 10 canastas básicas totales en concepto de daño punitivo.

En el año 2015 ADACU inició una demanda colectiva contra Allianz Argentina Seguros porque no entrega los certificados de incorporación y los certificados individuales de cobertura a los trabajadores asegurados con ella por seguros de vida colectivo. Este incumplimiento causa graves perjuicios a los beneficiarios y asegurados de estos seguros, porque les impiden conocer el alcance de su seguro y hasta su misma existencia. Por ello los familiares del trabajador fallecido o los trabajadores invalidados se ven privados de su indemnización o de una parte importante de ella por la que han pagado sus primas durante muchos años.

Las prioridades de paso permiten administrar los ingresos en encrucijadas y bocacalles que habitualmente no se respetan siendo superlativa la frecuencia de hechos en esas circunstancias e incluso diversidad de criterios de la normativa legal sobre si dicha prioridad es absoluta o no entre CABA y Provincia de de Buenos Aires y jurisprudencia con criterio amplio, por lo cual velocidad de los rodados legislada tienen relación con dichas prioridades.